Por: Marcos Bravo
FPDH Seccional Huila
La
historia del conflicto en Colombia tiene muchos factores y algunos de estos son
los relacionados con la tierra y el fracaso de las políticas públicas de una
reforma integral agraria. La participación de los grupos políticos y sectores
empresariales que controlan la economía del país llevándola cada vez más hacia
el capitalismo de apertura neoliberal conlleva a la privatización de las
instituciones públicas y a reducir el rol del estado; un modelo económico de
país que beneficia a las multinacionales que extraen los recursos minero
energéticos, un modelo que casi no guarda distancia de los intereses
particulares avaros de la clase dirigente del país del norte.
Grupos
alzados en armas salidos de casillas de la ideología de lucha guerrillera
latinoamericana con que se formaron por los pueblos campesinos y obreros contra
el avance del imperialismo, las dictaduras y las oligarquías.
Los
asesinatos de destacados líderes políticos de todos los sectores, en resumidas cuentas
nos vienen dejando un país que ha perdido la brújula de los proyectos sociales
que lo saque de la peor situación en que se encuentra.
El narcotráfico ha permeado y corrompido los tejidos sociales, destruye el medio ambiente los páramos, cierras, parques naturales y reservas ambientales con la siembra indiscriminada de la planta de cocaína y amapola. Los grupos que controlan este negocio destierran a las comunidades indígenas y campesinas. Las políticas gubernamentales para erradicar estos cultivos ilícitos solamente designan los recursos en la fumigación con glifosato que afecta y altera los cultivos alimenticios aledaños y recursos naturales.
Los
estadounidenses son una sociedad para destacar
porque han propuesto muchas salidas a los problemas del mundo, pero la
propuesta de los gobiernos de Bogotá con sede en la Casa de Nariño y de Washington
con sede en la Casa Blanca para derrotar el narcotráfico por la vía armada no
ha sido la más viable.
La
problemática de los cultivos y productos ilícitos también ha generado violencia
en los territorios donde se cultiva y en los pueblos y ciudades donde se
distribuyen, a la vez los países vecinos del continente no son ajenos a esta
difícil situación de violencia armada entre carteles que se genera por el
control y expendio de este lucrativo polvo blanco derivado de la planta de coca.
El plan Patriota y El plan Colombia reestructuraron y fortalecieron la fuerza
armada pública pero en materia social se ha alcanzado muy poco.
En
una sociedad tan herida donde empezamos a comprender que la vida es sagrada y
que no vale la pena seguir en la guerra, optamos por buscar otras alternativas
que nos saque de esta situación. La constitución política de 1991 es una
muestra de que en Colombia se puede buscar soluciones a las problemáticas que
nos aquejan para empezar a encaminar un Estado Social de Derecho.
En
Colombia en estos últimos 60 años de conflicto social armado se han
llevado a cabo 10 procesos de paz y este último iniciado en la Habana con las
FARC es el más completo y los 7 puntos planteados inicialmente podría
garantizar la no repetición de la guerra con ese grupo subversivo que deja las
armas y se reincorpora a la vida civil y legal.
La
Justicia Especial para la Paz JEP está diseñada a pesar de los problemas
históricos de nuestros pueblos para cerrar las problemáticas de
conflicto armado que existen entre integrantes de grupos guerrilleros,
paramilitares, militares del estado, empresarios y políticos que han
participado de este conflicto y que por causas obvias de la guerra también han
sido víctimas.
La
paz y el postconflicto sensibilizan mis ánimos ciudadanos con optimismo en
seguir reconstruyendo con urgencia una sociedad tan herida con tantas víctimas,
tan corrupta, tan inequitativa por causa de esta maldita guerra que nos envía
con fuerza apabullante hacia un abismo oscuro, fangoso y con una salida
estrecha. Nuestros niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos no pueden seguir
pagando los platos rotos de los vejámenes y crueldades de este conflicto social
que hubiera podido solucionarse por otras vías diferentes a la bélica.
Sería
muy terrible y fatal “vernos dentro de 10
mil muertos para volver a entablar diálogos de paz”, frase fría que Alfonso
Cano secretariado de las FARC alarmó en los diálogos de paz fallidos con el
gobierno de entonces en la década de 1990.
En
momentos tan angustiantes cuando se considera por qué llorar sobre
un vaso de leche derramada, considero que ese vaso en momentos está sujetado
pero sectores oscuros de nuestra sociedad lo tumba porque encuentra en la guerra
y las armas un negocio muy lucrativo.
Como dice la canción, "Salto,
canto, bailo, rio, lucho, lloro", y estrecho la mano con el anhelo de vivir en
una sociedad reconciliada. Pero también comprendo que enfocando la realidad de
mi país, en la implementación de los acuerdos de paz para el fin del conflicto
con la guerrilla en el congreso esta muy polarizada después del plebiscito del
2 de Octubre de 2017 en el cual la respuesta del No a la pregunta planteada gana por un margen
muy mínimo y ahora por falta de voluntad política está en crisis y punto de
caerse.
Nuestra sociedad no puede permitir que la ventana de la paz territorial y social se cierre y continuemos en una sociedad inviable y pesimista para las generaciones venideras que en últimas optan conmovidos por abandonar las comunidades y el país porque no es posible sobrevivir.
Aun
así entre un mar de incertidumbre, y optimismo, resisto, no apago la vela, ni
cierro la puerta, ni me voy del territorio ni de la comunidad donde vivo porque
es necesario restaurar la sociedad y buscar los diferentes caminos del diálogo
para legar un país al alcance de nuestros
niños.
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